Algunos datos para generar contexto. Hace casi una década había 32 movimientos ciudadanos en la Región Metropolitana, hoy ya son 58. Estas organizaciones surgidas de la urbe le han costado al Estado y a los privados más de 1.100 millones de dólares. Hoy son muchas las comunas que tienen sus planos reguladores congelados como efecto de la presión de estos grupos. Los datos son del urbanista Iván Poduje, quien lleva al menos diez años estudiando este fenómeno, uno que sólo puede seguir creciendo. Por varias razones: desconfianza hacia las instituciones y empresas, la aparición de las redes sociales, malas prácticas, legislación añeja y, por supuesto, el hecho de que vivimos en un país más rico y empezamos a tener problemas de sociedades más empoderadas. “Es una tendencia irreversible” le dice Poduje a un auditorio lleno, en una de las tantas conferencias en las que le toca interpretar el nuevo Chile en que vivimos. “El movimiento contra la Costanera Norte puede considerarse la primera manifestación organizada de vecinos contra un gran proyecto de infraestructura. Por esta razón y por el éxito logrado, constituye un hito en los procesos de participación ciudadana post dictadura. Un segundo hito se produjo en 1999 con motivo de la construcción de estacionamientos subterráneos bajo la Plaza Perú, en el exclusivo barrio El Golf. En este caso los vecinos se organizaron para rechazar el proyecto debido a sus efectos negativos sobre la vegetación de la plaza. A diferencia de Costanera Norte, los estacionamientos se ejecutaron con cambios menores. Pese a que los vecinos no lograron parar el proyecto, este conflicto posicionó en la agenda a otro movimiento emblemático: la Fundación Defendamos la Ciudad”, explica este arquitecto y Magíster en Desarrollo Urbano. Desde ahí en adelante, la bola de nieve se ha ampliado tanto hacia grupos de ingresos medios y bajos, así como al resto de país. Esta misma semana, la noticia aparecida en el diario La Tercera se titulaba “Corte revoca permiso a globos de turismo en San Pedro de Atacama”. Usted pensará que las empresas de globos (son tres) hicieron algo ilegal o que consiguieron los permisos de mala manera. Pues no. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que había emitido las autorizaciones, las revocó. ¿Por qué? Por un fallo de la Corte Suprema que invalidó los permisos por no haber realizado una consulta indígena previa. Súmele a eso el reciente caso que tiene muy preocupada a la industria inmobiliaria. Se trata de la anulación que ratificó la Corte Suprema del permiso de obra del Edificio Botero, en Ñuñoa. Usted dirá, “bueno, lo peor que puede pasar es que no se construya”. Error. El edificio no sólo está construido, sino que ya se encuentra habitado por 38 familias. ¿Qué pasó acá? “La decisión sobre el edificio se debe a que fue construido con una altura de cinco pisos y un piso superior destinado a terrazas, lo que no se condice con el plano regulador de la comuna. El proceso judicial se inició en 2016, cuando los vecinos presentaron un recurso de protección contra la Dirección de Obras Municipales de la comuna, el que fue acogido el 14 de julio del mismo año por la Corte de Apelaciones”, informa el sitio web de Cooperativa. ¿Se da cuenta del poder que están teniendo las organizaciones vecinales, barriales, comunales, en el desarrollo urbano de la ciudad? Si hasta fueron capaces de parar un proyecto que significaba recibir más de 200 esculturas del artista Mario Irarrázabal en el Parque San Borja y que incluía la remodelación de esta área verde. Bastó con que un par de vecinos del sector, que no querían que les tocaran “su” parque, pusieran el grito en el cielo a través de las redes sociales y hasta ahí llegó el asunto. Señoras y señores, es hora de adaptarse a los nuevos tiempos: hoy los proyectos que impactan el entorno necesitan incorporar a ese nuevo cliente que se llama vecindario. Ya no basta con la legalidad, este nuevo siglo es la era de la legitimidad.